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Bélgica

Uruguay: la justicia suspende la vacunación de niños contra Covid-19, a la espera que los contratos de compra de las vacunas sean hechos públicos.

Agencia belga
Traducción de Leonel Elola Verocay
RTBF 8/7/2022

La noticia de la suspensión por decisión judicial, de las inoculaciones experimentales ante Covid-19 en niños entre 5 y 13 años, se ha difundido extensamente por la geografía del mundo. Esta nota es ejemplo de ello y es de la Agencia belga y la RTBF, la empresa pública de medios de comunicación masivos de la Bélgica francófona, que es el conglomerado de medios más importante belga, en la lengua de Molière, con 3 Canales de TV, varias radios y sitios web. Mi presencia contingente en España a estas horas, hizo que yo recibiera por aquí la noticia, anticipada de cierta manera por el optimismo que trasuntaba el Dr. Gustavo Salle, con quien tuve el gusto de comunicarme telefónicamente el martes por la mañana, aprovechando que él también anda visitando tierras ibéricas. Será o no un nuevo “maracanazo”, pero que la decisión del juez Alejandro Recarey ha hecho ruido por todo el mundo es indiscutible (LEV)

Un juez ordenó este jueves la «suspensión inmediata» en Uruguay de la vacunación de niños contra la Covid-19, a la espera de la publicación de los contratos entre el Gobierno y el laboratorio Pfizer, así como la «composición de las sustancias» contenidas en el producto.

La suspensión, que afecta a menores de 13 años, estará vigente hasta que se publiquen íntegramente «todos los contratos de compra de estas vacunas» y los documentos «detallando la composición de las sustancias a administrar», indica en su decisión el juez Alejandro Recarey. Este último, que oficia como juez suplente de un tribunal administrativo, Tomó la decisión ante una «acción de amparo» interpuesta por un abogado, encaminada a suspender la administración de la vacuna a los niños. Esta vacunación está permitida en el país de forma voluntaria a partir de los cinco años. El gobierno del presidente conservador Luis Lacalle Pou ha anunciado que apelará la decisión. Según el juez, es necesario «proporcionar a los responsables de los menores que sean vacunados» un documento «que les informe completa y claramente» sobre el contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conllevan «especificando su naturaleza, su probabilidad, su alcance”, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”.

El contrato entre el gobierno uruguayo y el laboratorio estadounidense Pfizer sobre el suministro de vacunas no se ha hecho público en el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes. Antes de la decisión del jueves, el Gobierno había cuestionado la imparcialidad del juez Recaray, destacando que previamente había «dado su opinión sobre el tema» de la vacunación anti-Covid-19. El Ministerio de Salud dijo en Twitter el jueves que la campaña de vacunación en el país se basó en «la base de la evidencia científica disponible».

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